En el año 2019 inicié una exhaustiva investigación de la veracidad de los discursos presidenciales de los últimos años en el Paraguay, poniendo a prueba la recién aprobada ley de transparencia y acceso a la información pública en el país sudamericano. Era una manera, además, de poner en práctica los conocimientos aprendidos en un curso del Centro Knight de la Universidad de Texas sobre fact-checking y de iniciar una cierta labor investigadora en las carreras de comunicación de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) de las que era director.
El artículo estaba aprobado para salir en la Revista internacional de investigación en ciencias sociales de la universidad, pero un despiste de una funcionaria, tras realizar yo las labores de revisión y recorte sugeridas por los pares evaluadores, hizo que el artículo nunca fuera publicado. Se le pasó el arroz a la pieza, tras meses cocinándola...
Tiempo después he decido publicarlo acá, por si algún estudiante de periodismo o fan del expresidente Cartes lo encuentra de interés:
VERIFICACIÓN DE DATOS EN EL PARAGUAY
Investigación sobre la veracidad y la verificación de los discursos presidenciales y otras manifestaciones públicas.
FACT CHECKING IN PARAGUAY
Research on veracity and checking of presidential speeches and other public statements.
Borja J. Ormazábal Hernández
(Universidad Autónoma de Asunción.
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid -España-)
RESUMEN: Este trabajo realiza una verificación de datos sistemática de un discurso presidencial y rastrea las verificaciones realizadas por los medios a propósito de ese discurso, plagado de datos verificables, así como de alguna otra declaración pública, al objeto de sondear la veracidad de las manifestaciones y la labor verificadora de los medios. Así mismo, basándose en las peticiones de información realizadas, valora la eficacia de la Ley 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia.
ABSTRACT: This work performs a systematic fact checking of a presidential speech and tracks the checking made by media regarding that speech, full of verifiable data, as well as some other public statements, in order to probe the veracity of the statements and if media carried out fact checking. Likewise, based on information requests made, it evaluates the effectiveness of Law 5282/14 of citizen access to public information and transparency
PALABRAS CLAVE: Verificación de datos, discurso público, veracidad de la información, periodismo de datos, Ley de transparencia y acceso a la información pública
KEY WORDS: Fact checking, public discourse, veracity of information, data journalism, Law 5282/14 of transparency and access to public information
INTRODUCCIÓN: PERTINENCIA DE ESTA INVESTIGACIÓN
Los personajes públicos en general y los políticos en particular realizan multitud de afirmaciones, unas veces veraces, otras ambiguas y otras tantas, directamente, falsas o falaces. Parece que esta dinámica se ha puesto más de manifiesto desde que fue elegido presidente de los EE.UU. Donald Trump, pero, a veces, las inexactitudes son más sutiles y, así, más complejas de desvelar. No solo los políticos generan noticias falsas. Con el uso y abuso de Internet y de bots las noticias falsas e informaciones inexactas proliferan en portales de noticias y redes sociales. Peor, al provenir directamente de fuentes a las que se les presupone cierta credibilidad la difusión de estos mensajes goza de especial relevancia.
Hay ya multitud de herramientas informáticas para detectar noticias falsas o campañas de desinformación. Gigantes tecnológicos como Google, por ejemplo, han puesto en marcha algoritmos para detectar imágenes de noticias falsas, una web de fact checking de Brasil creó una aplicación, Radar, para monitorear grupos de whatsapp con contenido falso… Estas herramientas, sin embargo, no bastan por sí solas, pues debe haber profesionales que interpreten sus resultados y que contextualicen las informaciones. En ocasiones, el veredicto no entra en la categoría dicotómica de verdadero o falso.
Es labor de periodista realizar una contextualización y análisis de la veracidad de noticias y manifestaciones con relevancia pública, mas, en función de la inmediatez con la que trabajamos y de la escasez de personal que padecen muchos medios, no siempre se hace. Hay, a nivel mundial, medios generalistas que tienen sus propios equipos de verificación de la exactitud o veracidad de noticias, de fact cheking. Hay medios que se encargan específicamente de esta labor. En nuestra región han ido proliferando y en nuestro país, apenas uno, un medio nativo digital, El Surtidor (elsurti.com), realiza estos análisis de manera regular. En el año 2018 llevó a cabo una audaz iniciativa consistente en el análisis en tiempo real de la veracidad de las afirmaciones realizadas durante el debate entre los candidatos a la presidencia de la República, Efraín Alegre y el actual mandatario, Mario Abdo Benítez. Normalmente, sin embargo, una verificación sistemática y fiable lleva más tiempo.
Esta investigación comenzó a principios de 2019 centrándose en la veracidad del discurso del expresidente Cartes ante el Congreso de 1 de julio de 2017, discurso que repitió un año después con un contenido muy parecido, pero con un menor volumen de datos. Es por eso que opté por el original en vez de la copia. Elegí dicho parlamento por la amplitud de temas tratados, así como por no hallar en ese entonces un discurso del actual presidente que se prestara para realizar un análisis semejante, por la obvia razón de que en tan limitado período de tiempo en el poder se antoja complicado hacer aseveraciones sobre su gestión. Una vez iniciado el análisis encontramos alguna manifestación del actual mandatario que se prestaba a verificar, como así hicimos.
También se muestra en este estudio algún apunte de informaciones publicadas en nuestros medios que ponen de manifiesto los distintos grados de empeño de los medios en la verificación de los datos expuestos por fuentes públicas, de las que ejercen, a veces, como simples altavoces. Así mismo, de modo colateral, analizaremos la eficacia de la Ley de transparencia aprobada en el año 2014, a través de la respuesta recibida de los distintos departamentos ministeriales ante los pedidos de información realizados al efecto de verificar la veracidad de algunas de las afirmaciones del discurso presidencial.
Este trabajo pretendió inaugurar las investigaciones del Observatorio de medios de comunicación del periódico digital de los alumnos de las carreras de comunicación de la Universidad Autónoma de Asunción, pero, por diversos avatares que culminaron con la pandemia de marzo de 2020, no fue posible publicarlo en dicho formato y adopta ahora, con retraso respecto a su fecha de publicación prevista, la forma de artículo científico.
Como objetivo general de la investigación nos planteamos responder a la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto nuestros máximos representantes políticos realizan afirmaciones veraces?, es decir, averiguar el grado de veracidad de las manifestaciones de nuestros representantes públicos, para así valorar el nivel de necesidad de una actividad como la verificación de datos en el Paraguay.
Como objetivos específicos quisimos dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Realizan los medios una verificación regular de la veracidad de las manifestaciones de nuestros responsables políticos o bien se limitan a ser meros reproductores de sus palabras?, en otras palabras, comprobar si nuestros medios de comunicación verifican el discurso público con regularidad, si nuestros mass media son rigurosos al cotejar las informaciones de las fuentes públicas, y ¿es eficaz la Ley de transparencia?, es decir, verificar la eficacia de la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” en cuanto a la satisfacción del público de su derecho al acceso a la información, comprobando si las instituciones públicas proporcionan información pertinente y rápida ante los pedidos de la ciudadanía.
METODOLOGÍA
Para el cumplimiento de los objetivos descritos analicé distintas informaciones publicadas en los medios:
De manera central, el discurso del expresidente Horacio Cartes ante el Congreso el 1 de julio de 2017, último año completo de su mandato (en el 2018 repitió en gran medida muchas de las afirmaciones manifestadas el año antes), fuente noticiosa que hacía referencia a multitud de datos contrastables, a diferencia del primer discurso del actual presidente, Mario Abdo Benítez, cuyo parlamento incidió básicamente en proyectos de futuro, apenas en acciones realizadas. La selección de las manifestaciones respondió a motivos de verificabilidad, interés y variedad (es decir, seleccionamos afirmaciones -al menos, a priori- contrastables, con datos noticiosos y referidos a temas diversos), siendo, en cualquier caso, una muestra muy amplia, sin ánimo de beneficiar o perjudicar al emisor. Verifiqué también una declaración del actual mandatario relativa a un tema sensible como es el narcotráfico.
Así mismo, busqué y cotejé publicaciones periodísticas sobre el discurso de referencia, así como otras declaraciones de políticos, para comprobar la verificación de datos que realizan los medios.
Además de la actividad de fact checking, objetivo principal de la investigación, daremos cuenta también del grado eficacia de nuestra Ley de transparencia analizando las contestaciones de las administraciones públicas a los pedidos de información pública realizados sobre datos del discurso del expresidente, describiendo si hubo o no respuesta, el plazo de contestación y la pertinencia y plenitud de la información facilitada.
La verificación de datos se ha realizado contrastando las manifestaciones o los datos publicados con fuentes nacionales e internacionales extraídas digitalmente, así como, según lo comentado, con información facilitada por las administraciones públicas en uso del derecho ciudadano al acceso a la información pública.
Para medir la veracidad de los datos manifestados en las informaciones analizadas usé la siguiente escala:
1 No verificable (la ausencia de datos abiertos o facilitados por la fuente pública impedía cotejar la veracidad de la afirmación)
2 Engañosa (algún dato era interpretable en distintos sentidos por falta de información, estaba fuera de contexto o mezclaba datos veraces con falaces)
3 Falaz (los datos eran inexactos o falsos en su mayoría)
4 Veraz (los datos eran exactos y verdaderos en su totalidad)
RESULTADOS
El discurso del expresidente Cartes ante el Congreso de 2017
Iremos analizando a continuación la veracidad de distintas afirmaciones verificables del expresidente Cartes durante su discurso de 1 de julio de 2017. La verificabilidad es un elemento básico para el análisis, pues manifestaciones generales, amplias y, sobre todo, subjetivas de las que está trufado el discurso no son comprobables, como, por ejemplo, cuando el exmandatario afirma: “El mundo nos admira y nos reconoce con una interacción que creció exponencialmente a través de visitas recibidas, invitaciones y participación en organismos internacionales que además de prestigio, representan el reconocimiento a nuestro esfuerzo y nuestros logros”. Conceptos como la admiración o el prestigio no son conceptos verificables, por su subjetividad. No así las siguientes afirmaciones:
1ª “El bono demográfico es una fortaleza, no solo por la cantidad de gente joven en el país, sino por la gran productividad en las empresas que operan en el país gracias a la juventud paraguaya” ENGAÑOSA
Un concepto aparentemente irrebatible como que el bono demográfico (gran porcentaje de población joven en edad de trabajar) supone una ventaja, en nuestro caso requiere de una contextualización para contrastar la veracidad de la información. Así, por ejemplo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Paraguay es uno de los países de la región latinoamericana y el Caribe (ALC) con la mayor incidencia de jóvenes que desempeñan empleos informales. Afirma el organismo que casi 72% de los jóvenes que trabajan lo hacen de manera informal, lo que supera en unos 20 puntos porcentuales el promedio de 52% en ALC (OCDE, 2016, p. 316, 317). También hay datos positivos para el Paraguay en este informe, como ser de los países de la región con las menores tasas de jóvenes que no tienen empleo, no estudian, ni reciben capacitación (alrededor del 17% de la población de entre 15 y 29 años de edad, frente al 20% en la región de ALC y 15% en el conjunto de países de la OCDE)
Por otra parte, habla el expresidente de la productividad de nuestra economía, mientras que el Informe de competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial (Schwab, 2017, p. IX), que tiene en cuenta, entre otros factores y de manera destacada, la productividad, nos sitúa en el puesto 117 de 137 países.
En resumen, el bono demográfico es solo una fortaleza potencial, no efectiva, si las políticas gubernamentales no facilitan el acceso de los jóvenes al mercado laboral formal y la productividad de las empresas paraguayas deja bastante que desear.
2ª “Mantenemos la moneda más estable de Latinoamérica durante los últimos 70 años. Tenemos el mejor crecimiento promedio y sostenido de los últimos 10 años. Somos el país con mayores mejoras en calificación de riesgo, habiendo llegado a un paso del grado de inversión” ENGAÑOSA
He aquí un conjunto heterogéneo de afirmaciones. La estabilidad monetaria se refiere a la inflación y la serie histórica de esta magnitud en el Paraguay, según datos del Banco Mundial, muestra desde un 23,5% en 1974 hasta un 36,61% en 1990, ya en democracia, que, siendo datos malos, son mejores que el resto de los países de nuestro área, ciertamente. Pero es un dato engañoso, pues engloba un período muy amplio, que abarca todos los anteriores gobiernos democráticos y también la dictadura, de modo que cabría pensar que la situación es mérito del Gobierno, cuando no es así.
Por otro lado, si por contexto entendemos que el dato de crecimiento se refiere a la región latinoamericana el dato no sería cierto, pues República Dominicana, según datos del Banco Mundial, tuvo un promedio de 5,12% entre los años 2007 y 2016, mientras que en el Paraguay rondó el 4,7%. Además, habla de crecimiento sostenido, lo que es incierto, pues en 2009, por ejemplo, se pasó de un 6,3 el año anterior a decrecer (crecimiento negativo), al igual que ocurrió en 2012 o ya, durante la administración Cartes, pasando de un 8,4 en 2013 al 4,8 de 2014 y cayendo a poco más del 3 al año siguiente.
En cuanto a las mejoras en la calificación crediticia, si se ven las series históricas que facilita el propio Gobierno en su web (Subsecretaría de Estado de Economía) se aprecia que más que mejora, lo que hubo desde 2014 fue estabilidad, salvo para una de las agencias de calificación, Moody’s que subió un escalón al país a finales de dicho año, siempre por debajo del grado de inversión. En cualquier caso, si como por el contexto parece la afirmación se refería a países de nuestra región, no es cierta, pues, por ejemplo, Argentina pasó de B- a B+ entre los años 2016 y 2017 (S & P, 2016 y 2017), es decir, mejoró en el momento del discurso de Cartes.
3ª “…invertimos más de 2.300 millones de guaraníes para que quienes regresan a nuestro país instalen emprendimientos y generen mano de obra, a través de las gestiones de la Secretaria de Repatriados. Para fin de año, serán más de 500 personas beneficiadas por este programa” VERAZ
En el informe de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados que me fue remitido tras solicitar la información pública en marzo de 2019 figura presupuestada una partida de 2.300 millones, aunque el presupuesto finalmente ejecutado a final de año (dato que no podía conocer el expresidente) se redujo en algo más de 100 millones de guaraníes, situándose en casi 2.200 millones. En cuanto a las personas beneficiarias, las informaciones parciales aparecidas en diversas fuentes periodísticas sobre solicitudes parecen hacer factible el dato expuesto, grosso modo.
4ª “…somos el primer exportador mundial de energía eléctrica limpia y renovable, el cuarto exportador mundial de soja, el sexto exportador mundial de carne bovina y tenemos la tercera flota de barcazas más grande del mundo” VERAZ*
En cuanto a la posición en el ranking de exportadores de energía, encontré datos de energía eléctrica (en la que el país se sitúa en la 4ª posición) y de energía de fuentes renovables de todo tipo (situándonos más abajo en el ranking), pero no de energía eléctrica renovable, como es la nuestra, de origen hidráulico. Pudiendo bien ser cierta la afirmación llama la atención que siendo los números uno en la producción de ese tipo de energía no sirva para abastecer todas las necesidades del país, siendo aún la biomasa (contaminante, pues proviene de la combustión de leña, carbón y distintos tipos de residuos) una de las fuentes energéticas más usadas (CEPAL, 2016, p. 24). Además, Brasil lleva años pagando por debajo del precio de mercado la electricidad que recibe del Paraguay, según el conocido como Informe Sachs (VCC, 2013, p. 8) dato que, evidentemente, omitió el exmandatario.
El dato sobre la soja parece cierto (NASS, 2016, p. 19), así como el del vacuno (NASS, 2016, p. 46), y el de la flota de barcazas es muy verosímil según las diversas noticias aparecidas en prensa.
5ª “El acceso a la información pública se ejecutó sin excepciones” FALAZ
Según la encuesta de satisfacción ciudadana de septiembre de 2016 (MITIC), que debía conocer el exmandatario al preparar su discurso, realizada en base a tres preguntas: ¿El lenguaje utilizado fue adecuado?, ¿la información solicitada está de acuerdo a lo que pediste? y ¿se cumplió la expectativa?, hubo casi un 27,9% de encuestados cuyas respuestas fueron negativas, lo que deja entrever que, aunque se diera curso a las solicitudes, la respuesta dada a los ciudadanos bien les resultó, al menos en parte, incomprensible (lenguaje usado), bien no se refería al objeto de la pregunta (de acuerdo a lo pedido), bien no cumplió las expectativas del reclamo de información. Cuando casi el 30% dice no estar satisfecho, quizás haya algo en el procedimiento de respuesta que haya que mejorar, como veremos luego en el análisis del acceso a la información pública. Así mismo, en el gráfico resumen de los pedidos de información pública entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017 (el día antes del discurso del expresidente) aparece un 11,3% de solicitudes no respondidas (Portal de información pública/transparencia).
Fuente: Portal unificado de información pública/ transparencia activa
6ª “En el año 2012 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hizo mantenimiento a 4.500 kilómetros de caminos vecinales. El gasto de combustible por kilómetro fue de 9.130.000 guaraníes. Con estos costos, la mayoría de los caminos sólo recibían un mantenimiento por año. Desde el 2014 el costo de combustible por kilómetro se logró bajar a solo 1.860.000. La diferencia de costo es de 7.270.000, lo cual representa un 80% de ahorro por kilómetro. Gracias a este uso responsable de los recursos del Estado pudimos completar casi 22.000 kilómetros por año” NO VERIFICABLE
Se hizo una consulta a este respecto al MOPC, pero solo se obtuvo de vuelta una respuesta genérica de una Dirección del Ministerio que aludía a que era otra Dirección la que tenía los datos. Sin encontrar datos para realizar la verificación en informes oficiales lo más que podemos decir es que parece complicado se cumplieran las metas indicadas por el expresidente, habida cuenta de que informaciones de prensa, citando a altos cargos del Ministerio, señalaron que a mediados de año existían más de treinta mil kilómetros de caminos no pavimentados intransitables a causa de las lluvias. Los propios responsables reconocían que “las tareas de recapado y los bacheos se deben realizar en un terreno seco” (El Mundo, 2 de julio de 2014). Inundaciones de gravedad que se repitieron a finales de 2015 y primeros de 2016, como reflejan diversas informaciones mediáticas.
7ª “Paraguay dejó de ser conocido como un país pirata, y hoy somos miembros del Comité Asesor de Observancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este cambio radical en la forma en que el mundo nos mira, se dio gracias a la transformación de nuestra Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Encaró decididamente la lucha frontal contra la piratería y la falsificación, para que se hagan una idea, en los años 2011 a 2013 hasta agosto se realizaron 40 intervenciones por la Dirección Nacional de Observancia de esta Secretaria, mientras que desde agosto 2013 hasta el 2016, se realizaron cerca de 900 intervenciones, 22 veces más intervenciones, que resultaron en incautaciones por valor de aproximadamente 300 millones de dólares” NO VERIFICABLE
Según datos de la empresa BSA sobre software pirata de 2017 Paraguay era el segundo país de Sudamérica cuyas empresas usaban más software sin licencia (Última Hora, 6 de noviembre de 2017). Atendiendo a diversas informaciones de prensa del período analizado sí parece que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) realizó más intervenciones que en el pasado, pero este dato no lo podemos verificar al no haber respondido dicha institución al reclamo de información pública realizado. El hecho de que la piratería se mantuviera debería llevar a la reflexión de los gobernantes sobre la eficacia de las intervenciones realizadas o si existían/existen medios suficientes para desarrollar dicha labor.
8ª “…nos permitió entregar más de 20.000 casas en menos de 4 años durante esta administración, cuando las administraciones anteriores entregaban en promedio unas 2.000 casas por año” NO VERIFICABLE
Los datos aportados en cuanto a la construcción de viviendas parecen verosímiles, habida cuenta de que en la web de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) se encuentra la “Rendición de cuentas Gobierno Horacio Cartes 2013-2018”, que indica que a la fecha del informe (mayo 2018) había 27.176 viviendas construidas (p. 4). No se pudo contrastar este dato con los de administraciones anteriores, pues no hubo respuesta de la SENAVITAT a la demanda de datos de períodos anteriores.
Respecto a esta información y el papel de la prensa como verificadora de las informaciones públicas (no actuando como meros repetidores, cuando no voceros de informaciones oficiales), una noticia del diario ADN Paraguayo (5 de agosto de 2017) indicaba en su titular que la administración de aquel entonces entregó más viviendas que las dos anteriores. Se podría suponer que el periódico contaba con los datos oficiales que no me facilitaron a mí, pero las referencias a las fuentes en el artículo se limitan a señalar “un informe” o “los registros” de la Secretaría de vivienda, recogiendo declaraciones de la responsable del departamento en las que acusaba de mal desempeño a administraciones anteriores, sin dar la réplica a ningún representante de estas, lo que supone una mala praxis periodística.
9ª “…los programas sociales como TEKOPORA, TEKOHA, Y TENONDERA, que pasaron de 95.000 beneficiarios en el 2013 a más 176.000, un incremento de más de 81.000 familias, que representa 86% más de familias beneficiadas” VERAZ*
El expresidente englobó acá a tres programas sociales con objetos distintos (alimentación y salud, vivienda, y fomento del emprendimiento de familias con pocos recursos, en situación de pobreza o pobreza extrema). Los datos obtenidos por la solicitud de información pública (un escueto Word de una página) no coinciden exactamente con los ofrecidos por el presidente (del año 2013 del programa TENONDERA no hay datos), pero sí grosso modo, lo que hace que el % de incremento de beneficiarios se corresponda aproximadamente con lo expresado por el presidente. Según los datos facilitados, en 2013 hubo unas 85.000 familias beneficiadas -a falta de los datos referidos de uno de los programas-, cifra que en 2017 se elevó hasta algo más de 161.000, lo que supondría un 89% de incremento. Los porcentajes, de este modo, son muy parecidos, aunque no idénticos.
10ª “[El INDERT] Para lograr la excelencia en su misión puso en marcha el SIRT, Sistema de Información Rural y de la Tierra” VERAZ
Cierto, lo puso en marcha junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Viene reflejado en el estatuto del SIRT y del PNUD. Puede parecer una obviedad decir la verdad sobre la puesta en funcionamiento de un organismo, pero hay matices que a veces se usan para mentir (organismo que crea una administración y por avatares no empieza a funcionar hasta el mandato de la siguiente, etc.). Como veremos a continuación ya hubo una iniciativa parecida en gobiernos anteriores, que resultó un rotundo fracaso.
11ª “Gracias a esta información precisa logró optimizar y transparentar su gestión operativa y en consecuencia ya tiene entregadas casi 14.000 adjudicaciones solo en 2016 y 2017 […] comparado con 4.500 adjudicaciones que se hicieron entre el 2009 y el 2012 representa 300% más adjudicaciones en menos de la mitad del tiempo” VERAZ*
El expresidente habla acá de cómo la creación del SIRT incrementó el proceso de adjudicaciones de tierras. El Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), consiste en registrar mediante GPS (posicionamiento usando satélites) las colonias campesinas asentadas en tierras fiscales y documentar su actual situación, para posteriormente regularizarlas jurídicamente y dotar así de seguridad jurídica al tenedor de la tierra. Según los datos facilitados por el Informe del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) 2013-2017, el dato del bienio 2016-2017 es verosímil (en el Informe -p. 5- se indica un total de más de 20.000 adjudicaciones para ambos años, pero hay que tener en cuenta la fecha de rendición de cuentas del presidente, mediados de 2017). Así mismo, los datos enunciados para el intervalo 2009-2012 son casi exactos (según el INDERT ascenderían a 4.651 adjudicaciones).
El presidente eligió cuidadosamente los intervalos temporales: no dio datos de 2007 o anteriores, de la administración Duarte Frutos, con cifras superiores a 2.500 adjudicaciones anuales o de los de 2014 o 2015, de su propia administración, con apenas unos centenares de adjudicaciones, parece claro que con el ánimo de vender una imagen de eficacia en su gestión. Los datos de 2014 y 2015 nos hace plantearnos una cuestión ulterior: si el SIRT se creó en 2014, ¿por qué estos números tan bajos en comparación con los años siguientes? Como la propia gerente del SIRT durante los años 2015-2018 señaló, por “el caos jurídico de décadas” (Franceschelli, s.f.).
En este sentido, antiguos titulares del INDERT (Última Hora, 10 de agosto de 2020) matizan los logros de las adjudicaciones enunciadas por el expresidente en los años 2016 y 2017, al poner de manifiesto tanto las irregularidades cometidas durante los años previos a la creación del SIRT como la propia ineficacia de muchas de sus acciones, ante la carencia de instrumentos jurídicos adecuados (varias sentencias judiciales quitaron la razón a las demandas estatales) para cambiar el estatuto jurídico de terrenos conseguidos por sus propietarios en base a informes falsos, punta del iceberg de un contubernio de décadas entre propietarios terratenientes, funcionarios (la propia antigua gerente del SIRT reconoce la falta de colaboración de trabajadores de las oficinas regionales del INDERT), abogados y escribanos, que apunta a la necesidad de una reforma agraria.
12ª “… Paraguay ganó definitivamente el conocido caso Gramont Berres. Esta es una reivindicación histórica, demostramos que se trató de una deuda espuria, y que Paraguay ha tenido razón en no reconocerla, a pesar de la insistencia de algunas personas de la administración anterior en pagar esa cuenta” ENGAÑOSA
Gramont Berres, cuyo nombre real era Benjamín Levi Avzarradel, fue cónsul Honorario del Paraguay en Suiza. Entre los años 1986 y 1987, Gramont Berres solicitó a nombre del Estado Paraguayo, ante un banco privado suizo un préstamo de 85 millones de dólares. El préstamo fue otorgado por la Overland Trust Bank, de Ginebra. Antes de su liquidación la Overland Trust Bank vendió los títulos de la deuda a nueve bancos de diferentes naciones, los cuales ante el no pago en el cumplimiento del plazo previsto y la negativa de nuestro país de reconocer la deuda, demandaron en 1995 al Estado Paraguayo por incumplimiento de las obligaciones contractuales. La aseguradora SACE emitió la póliza del seguro del préstamo y pagó a los bancos referidos, para luego demandar al Paraguay, fallando la justicia suiza a su favor en dos sentencias. La aseguradora demandó al Paraguay ante un tribunal de EE.UU. en 2005, para que ejecutara los fallos mediante el embargo de bienes de la República.
Respecto a la afirmación del expresidente, no todos los juristas piensan que ya no se le pueda reclamar esa deuda al estado paraguayo, alegando que el tribunal estadounidense solo reconoció la inmunidad de jurisdicción del Paraguay en los EE.UU., pero no negó la existencia de la deuda (ABC Color, 22 de octubre de 2018). De este modo, la sentencia sería favorable al Estado paraguayo, sí, pero no habría demostrado que la deuda es espuria, con lo cual el litigio no estaría definitivamente concluido.
En lo tocante a la última afirmación (cabría decir, acusación) de que gobiernos anteriores quisieron pagar la deuda, es cierto que la administración Franco manifestó la intención de pagar (ABC Color, 27 de junio de 2012), pero el presidente no contextualizó, pues parece que la anterior administración quería pagar porque sí, cuando lo que se plantearon fue pagar para poder sacar ya unos fondos que el Paraguay tenía en un banco suizo que estarían inmovilizados por los fallos de la justicia suiza por los que no percibía apenas intereses y evitar el riesgo de embargo que pudiera haber sobre las reservas internacionales del país.
13ª “…INC de tener la peor calificación financiera de riesgo, pasó a tener la mejor calificación del mercado” VERAZ
El expresidente no fue acá muy exacto con la terminología, pues al hablar de “calificación financiera de riesgo” parecía referirse a empresas calificadoras (de calificación de riesgos o rating) tipo Standard & Poor’s, pero en realidad habla del buen concepto de los bancos respecto a la empresa estatal, es decir, un tema de reputación, que según el Informe de gestión de la Industria Nacional de Cemento (INC) pasó del estatus más bajo al más alto tras los años de la administración Cartes (INC, 2018, p. 39). Algo razonable tras escudriñar el Informe, que registra cómo se pasó de pérdidas significativas a beneficios desde el último cuatrimestre del año 2013, que coincide con la toma de poder de la administración Cartes.
14ª “Petropar pasó de ser una empresa deficitaria por décadas, a una empresa rentable. El Patrimonio Neto Acumulado de Petropar en 2012 era de menos 140 millones de dólares. Después de 4 años de gestión, el Patrimonio Neto Acumulado es de más 16 millones de dólares, dimos vuelta 156 millones de dólares. […] logramos bajar los precios al punto de tener el combustible más barato de toda la región” ENGAÑOSA
En la web de la petrolera estatal solo pueden encontrarse los estados financieros auditados de los años 2016 y 2017. En el informe de Petropar sobre el 2016 disponible en la web de la empresa, figura un patrimonio neto de cerca de 16 millones de dólares (93.634.390.144 G), según afirmaba el mandatario, pero lo llamativo es que, al cierre del ejercicio 2015 dicho patrimonio ascendía a 257.346.498.115, es decir, más de 44 millones de dólares. ¿Qué pasó entre 2015 y 2016, cuando se desvalorizó el patrimonio de la entidad? Señala el Informe de estados financieros que se debe a “la política de subsidio al precio del gasoil en años anteriores” (Petropar, 2017, p. 15). Además, el Informe de auditoría externa de los estados financieros indica que existían “varios juicios con probables resultados desfavorables para la entidad” (CYCA, 2017, p. 5) que representarían pasivos de unos 20 mil millones de guaraníes (a fecha del informe supondrían casi 3 millones y medio de dólares) y que existían también partidas de activo cuyos inventarios no les fueron proporcionados por la empresa estatal por valor del 2% del activo, es decir, 43 mil millones de guaraníes -casi $ 7,5 millones- (Idem), cifra que en el informe de auditoría del año siguiente se cuadriplicó (CYCA, 2018, p.3).
El dato de 2012 lo cotejé gracias a los estados financieros de la empresa que pedí a través de la web de acceso a la información pública, reflejándose un patrimonio neto negativo que ascendía a casi 634 mil 900 millones de guaraníes, que suponen algo más de 150 millones 300 mil dólares, lo que se ajusta mucho a la cifra dada por Cartes, pudiendo variar en función del mes de cambio de divisa elegido.
Lo que parece desprenderse de esa evolución tan positiva del patrimonio neto (no acumulado, pues el presidente parece mezclar conceptos entre patrimonio y cuenta de resultados acumulados) es una impecable gestión, pero si analizamos al detalle los estados de cuenta vemos que el patrimonio permaneció constante en negativo con ligeras variaciones hasta el año 2014. ¿Qué pasó este año? Pues que se realizó una modificación legislativa gracias a la mayoría colorada que anuló el artículo 43 de la Ley N° 1182/1985 constitutiva de Petropar, según el cual la empresa estatal debía transferir el 30% de sus utilidades netas anuales al Tesoro Nacional. Con la reforma, esta partida pasó de formar parte del pasivo a la cuenta de resultados acumulados, modificación contable con incidencia directa en el patrimonio neto. Así, en el año 2013 más de Gs 327 mil millones se computaron como pasivo -más de 71 millones de dólares al cambio de finales de 2013- (Petropar, 2014), mientras que al año siguiente dejaron de computarse como tal (Petropar, 2015). Es decir, en ese “dimos vuelta” que afirma el exmandatario tuvo gran parte que ver el Congreso, no solo la gestión gubernamental.
En cuanto a la referencia a la rentabilidad que hizo el expresidente, existen varias fórmulas para calcularla. Una empresa puede ser rentable aunque su patrimonio sea negativo. Según un indicador de rentabilidad como es el margen de utilidad neta (que se calcula dividiendo las ganancias o beneficios netos entre las ventas totales de la empresa), en 2012 Petropar tuvo casi 215 mil millones de ganancias netas y más de 455 mil millones de ingresos por ventas brutas, lo que arroja un margen de utilidad neta de un 47%. En 2016 el margen de utilidad alcanzó el 60%. Es decir, hubo mayor rentabilidad en 2016 que en 2012, pero esto no supone pasar de empresa deficitaria a rentable.
Respecto a la última información, salvo si entendemos que el expresidente se refería solo a la región del río de la plata y no al conjunto de Latinoamérica, es falsa, pues, además de Venezuela (por motivos obvios), varios países más de nuestra región tenían la nafta más barata (Petróleo América, 14 de mayo de 2017).
15ª “Entre el año 2003 y el año 2013 se contrataron más de 80.000 funcionarios públicos que representan hoy un sobrecosto de 2.500 millones de dólares por año. […] En el año 2003 el gasto en salarios era de sólo 500 millones, es decir que el sobrecosto es 5 veces más grande que el costo inicial. […] Este es el primer gobierno que año tras año y durante cuatro años tiene menos funcionarios públicos que al inicio de nuestra gestión, y en consecuencia en 2016 fue la primera vez en la historia que logramos reducir el gasto público en salarios respecto del año anterior” ENGAÑOSA
La primera afirmación es confusa, pues habla de datos de 2003 a 2013, mientras menciona “hoy” que debía referirse a la fecha del discurso (2017). Esta afirmación se entiende mejor a la luz de la manifestación del discurso del 2018. No hay datos en Internet del gasto en salarios públicos anterior a 2013, aunque parece claro que sí que creció, a tenor de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo según el cual “en lo relativo al peso fiscal de las remuneraciones públicas, en la última década ha ascendido en forma continuada: en 2003 representaba el 38% de los ingresos, estimándose que dicho indicador se ubicaría en el 52% en 2013” (Iturburu, 2014, p. 14). Acá está la clave: el porcentaje del gasto sobre los ingresos corrientes (como son los fiscales, tomados como base de cálculo por dicho informe), ya que las cantidades que da el expresidente pueden responder al incremento de los ingresos públicos, por ejemplo. En cualquier caso, el documento del BID deja claro que se cometieron auténticos sinsentidos, con una responsabilidad significativa del Congreso, que, p.ej., en 2012 concedió aumentos salariales de hasta el 58%, pese a reducirse el PIB del país (Ibid., p. 15).
Por otra parte, según datos de la web del Ministerio de Hacienda sobre número de funcionarios asalariados, en 2013 se pagó a 312.446 funcionarios (un monto de Gs 13.287.358 millones), en 2014 a 296.841 (13.484.216 millones), en 2015 a 290.487 (13.606.567), en 2016 a 284.055 (13.908.066). A tenor de estos datos, no es cierta la afirmación de que se redujo el gasto en salarios en el 2016, sí el de que disminuyó el número de funcionarios. Además, es interesante ver cómo el ritmo de gasto fue aumentando hacia el final del mandato (en 2017, 14.406.411) y se disparó en 2018, cuando el cambio de la administración (15.414.346), 1 billón más que en el período anterior (y subieron los funcionarios pagados a 288.594, de los 284.648 del año anterior, es decir, con solo 4 mil funcionarios más -un 1,37% de incremento- el gasto se disparó en un 6,54%).
16ª “A la fecha el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha acumulado 5.000 millones de dólares en licitaciones de obras de infraestructura, esto es el doble de los llamados que se hicieron en los 20 años anteriores. Para agosto de este año se habrán pagado más de 2.000 millones de dólares por obras ejecutadas o en construcción, en 4 años es casi la misma cifra que se pagó en 10 años, desde 2003 al 2013 por los dos gobiernos anteriores” FALAZ
No pude comprobar las comparaciones que hizo el exmandatario remitiéndose a dos décadas atrás porque no encontré datos de un período tan amplio. De hecho, la administración solo nos facilitó datos de licitaciones de 2005 a 2017 en guaraníes. Los correspondientes a la administración Cartes (no viene por meses, por lo que tomamos estimativamente por la mitad los años 2013 y 2017, tomando como tipo de cambio el de diciembre del año respectivo) totalizan cerca de 3.200 millones de dólares, bastante menos de lo señalado por el expresidente. Incluso tomando completos los años 2013 y 2017 la cifra no se aproximaría a los 5 mil millones señalados. Si la propia administración no pudo facilitarnos datos de todos los ejercicios anteriores solicitados ignoramos cuál fue la fuente del expresidente para hacer la comparación, aunque hay que decir que, salvo en el año 2012, las cifras de inversión de años anteriores, desde el 2005, son mucho más bajas que las de los años de mandato cartista, totalizando casi $ 2.000 millones entre los años 2005 y 2012. El exmandatario exageró, aunque no hiciera falta para mostrar que la inversión durante su administración había sido mucho mayor.
Respecto a la ejecución presupuestaria ocurre algo similar, solo nos facilitaron datos de los años 2013 a 2017, no de gobiernos anteriores y la cifra, según los datos recibidos, ronda los 1.625 millones de dólares, es decir, casi 400 menos de los señalados por Cartes. Hablamos de presupuesto ejecutado, que no de presupuesto, que es algo revelador, pues en ese período no se ejecutaron casi 900 millones de dólares que estaban ya presupuestados.
17ª “En el año 2012 los programas de capacitación alcanzaron a 10.000 docentes, lo cual fue aproximadamente 10% más que el año anterior. El año pasado, llegamos a casi 50.000 docentes con capacitación de calidad, lo cual representa un aumento de 500%” NO VERIFICABLE/ VERAZ
Solo podemos contrastar el dato de los docentes capacitados en el año 2016, que fue de 47.528 docentes, con lo cual la aseveración es cierta. No podemos verificar la comparación que hace con la administración anterior, pues el Ministerio no contestó a la petición de datos del año 2012.
18ª “Luego de más de 175 años el Estado Paraguayo volvió a otorgar becas de postgrado para el exterior en las mejores universidades del mundo con una inversión récord de 42 millones de dólares” VERAZ*
No encontré en Internet un programa público de becas para estudiar en el extranjero en los últimos 30 años, por lo que sí parece que la administración Cartes fue pionera en este tipo de proyectos, con las BECAL, aunque hay que comentar que el proyecto empezó a discutirse durante el último año de mandato de la administración Lugo.
La inversión récord depende del punto de comparación; si no hubo precedentes, es decir, si no se realizó ninguna inversión anterior, no es récord, pero el uso de esta terminología es llamativa.
19ª “…la licitación de la frecuencia para la implementación de la tecnología 4G nos permite hoy tener la velocidad necesaria para este servicio, y generó adicionalmente una recaudación histórica de 90 millones de dólares en efectivo para el Estado, y 16 millones de dólares en inversión social para dotar de conectividad a hospitales, escuelas, y comisarías” VERAZ
Según las publicaciones periodísticas consultadas (Última Hora, 13 de febrero de 2016; ABC Color, 12 de febrero de 2016), fuentes creíbles, la licitación es de 2015 y las empresas de telecomunicaciones pagaron en 2016 el importe indicado.
20ª “Comparamos la inversión en infraestructura [habla de salud], y para eso tomamos como referencia los tres primeros años completos de esta administración del 2014 al 2016, en este periodo invertimos más de 65 millones de dólares que es un 24% más en relación a lo invertido en el periodo de 2009 a 2011” NO VERIFICABLE*
Los datos recibidos de la ejecución presupuestaria de los intervalos que mencionó el expresidente solo arrojaban una diferenciación (no sistemática) por partidas de los años 2015 y 2016, lo que hizo imposible cotejar el dato concreto de infraestructuras. Ahora bien, el porcentaje de incremento que indica es verosímil habida cuenta de que el global de la ejecución presupuestaria fue un 40% mayor en el período 2014-2016 respecto al 2009-2011.
21ª “En el 2016 se logró llegar a casi 7.200.000 consultas [sanitarias] que es más del triple que las personas atendidas respecto del año 2012, en que se atendieron 2.193.000, son casi 5 millones de consultas adicionales” FALAZ
Según datos del Informe de gestión del Instituto de Previsión Social (IPS) de 2012 (2013, p. 26) las consultas médicas y odontológicas ascendieron a casi 4,5 millones, mientras que en 2016 (2017, p. 7), las consultas serían de algo más de 4 millones. El informe de este último año advierte de que los datos estaban actualizados al 95% y de que se registraron “en base a nuevas planillas de captura de datos”, lo que podría suponer un criterio diferente de contabilización. No sabemos qué datos ni qué criterios manejó el exmandatario para dar las cifras que ofreció, pero no son los del IPS.
En cualquier caso, el número de consultas por sí mismo no parece un dato revelador de una mejora en el sistema de salud, pues pueden no redundar en tratamiento alguno, de requerirse. No habla de operaciones quirúrgicas, por ejemplo, que también son mayores en 2012 (casi 50 mil frente a algo más de 30 mil) según los informes consultados.
22ª “Ya llegaron al país, y en pocos días más entraran en servicio 25 flamantes ambulancias de Terapia Intensiva, estas son únicas en la región, dotadas con equipos necesarios para cuidados intensivos y reanimación fuera del hospital y durante el transporte” FALAZ
El término “únicas” es inexacto. Hay varios ejemplos de noticias que hablan de ambulancias de este tipo, como una de la vecina Argentina (provincia de Tucumán), de 3 de mayo de 2017 sobre 10 ambulancias de este tipo (Ministerio de Salud de Argentina).
23ª “En materia de medicamentos e insumos, hemos puesto particular atención en la gestión. Hemos realizado la mayor inversión de la historia, una vez más, a modo de comparación tomamos como referencia los tres primeros años completos de esta administración del 2014 al 2016, en este periodo invertimos más de 368 millones de dólares que es más del doble de lo invertido en el periodo de 2009 a 2012” ENGAÑOSA
Según los informes de gestión del IPS disponibles on line (2017, p.21; 2016, p. 16; 2015, p. 23), la cantidad invertida en medicamentos y otros insumos en el trienio 2014-2016 fue aún mayor que la indicada por el exmandatario (algo más de 400 millones). La suma de los años 2011 y 2012 hace un total de 235 millones de dólares (IPS, 2013, p. 25), de modo que, aun a falta de datos de los años 2009 y 2010, no se cumple la proporción apuntada por Cartes, es decir, aunque la inversión pudiera haber sido claramente mayor, el expresidente exageró al hablar de “más del doble”.
24ª “Yacyretá era una empresa inviable financieramente, haber reducido su deuda de 18.000 a 3.805 millones de dólares, la hace viable, y destraba nuevos proyectos energéticos como Aña Cuá y la refuncionalización de 3 turbinas. Estos proyectos darán mano de obra a más de 3.000 compatriotas con una inversión de más de 1.500 millones de dólares durante los próximos 5 años” ENGAÑOSA
Centrándonos en la primera parte de la manifestación (en la última parte el expresidente confunde realidad con previsión, pues el número de empleos es estimativo y la inversión es la proyectada), la de la deuda, arroja serias dudas sobre su veracidad, pues algunos técnicos ya denunciaron que el gobierno hizo estas manifestaciones sin respaldo documental (ABC Color, 19 de noviembre de 2017) y voces autorizadas como la del exdirector de Yaciretá, señalan que sería un artificio contable, puesto que lo que se conceptúa como deuda se podría entender en realidad como aporte (Hoy, 4 de mayo de 2017), mientras que otros hablan de que el Paraguay no debía en ningún caso esos 18.000 millones, como el exdirector, en este caso de la otra binacional, Itaipú, quien interpreta el acta de entendimiento firmada entre los gobiernos argentino y paraguayo en el sentido de que al caducar el tratado firmado en 1973 (su anexo C) en 2014 la deuda debería ser cero, pero que, de subsistir deuda, esta correría de cuenta de la Argentina y lo que habría sería una deuda de la binacional con el estado Paraguayo por los terrenos inundados y la paralización de obras (ABC Color, 3 de junio de 2017).
25ª “Este gobierno, ocasionó el mayor perjuicio económico de la historia al narcotráfico, sumando: cargas incautadas, logística desarticulada y producción destruida, el perjuicio asciende a más de 724 millones de dólares en 4 años, esto es más que el doble del total que los 5 años de la administración anterior, solo 331 millones de dólares, y aún nos queda un año más de lucha” ENGAÑOSA
Las cifras que ofrece el exmandatario son casi idénticas a las del Anuario de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) 2017, que en su arranque realiza un cuadro comparativo entre gobiernos (p. 3), pero hay dos factores que hacen dudar de la veracidad de esta afirmación:
En primer lugar, que los datos de perjuicio económico al narcotráfico no son completamente objetivos, pues hay elementos cuyo valor económico es más fácil de valorar (incautaciones de inmovilizado como prensas, gatos hidráulicos, vehículos o, lógicamente, dinero en efectivo), pero el principal, el lucro cesante (la pérdida del valor de venta de la droga al incautarla o destruir los cultivos, en caso de la marihuana), depende ya no solo de la calidad y la variedad dentro del tipo de droga, sino del valor en el mercado donde efectivamente se distribuya el producto respectivo, valor que varía con el tiempo. En este sentido, por ejemplo, según los Informes mundiales sobre drogas de las Naciones Unidas de 2014 y 2020 el precio de la cocaína en EE.UU., era mucho mayor en el año 2010 que en el 2018 (2014, p. 36, 39; 2020, p. 35), de lo que se infiere que el perjuicio a los narcos por este concepto sería mayor a principios de la década de 2010 que a finales.
En segundo lugar, que la clave de la valoración del perjuicio económico al narcotraficante, el volumen de droga incautada o la extensión de plantaciones de marihuana destruidas, arroja datos contradictorios por parte de las propias publicaciones de la SENAD: en cuanto al cannabis, según el Informe nacional “Situación sobre Drogas en Paraguay” 2017 del Observatorio Paraguayo de Drogas (2018, p. 45, 46), la diferencia entre los años 2008-2013 y 2013-2017 es pequeña en cuanto a cultivos desbaratados y considerable en cuanto a incautación: 6.344 frente a 6.891 hectáreas destruidas y 934,8 frente a 1.982,4 toneladas incautadas. Estos datos coinciden aproximadamente con los ofrecidos por el Anuario de la SENAD (2017, p. 3) en cuanto a destrucción de cultivos, pero divergen ampliamente en lo referido a incautaciones, minorándose las del gobierno anterior y aumentándose las del mandato de Cartes. Otros documentos de la web del organismo dan datos de períodos temporales heterogéneos.
En cuanto a la cocaína incautada, según el Observatorio Paraguayo de Drogas (Ibid., p. 47), al no haber datos por meses, solo anuales, si tomamos el período 2008-2012 habría casi 7 mil kilogramos decomisados; si tomamos la horquilla 2008-2013 (contabilizando solo medio año, el cambio de gobierno se produjo en agosto) la cantidad sería aún mayor, superando ampliamente los 8 mil kilos (en 2012, todo el curso con el gobierno Lugo, se decomisaron más de 3 mil kilos, cantidad casi idéntica a la del año siguiente), lo que arroja cifras parecidas (algo menores o mayores según el intervalo tomado como referencia) a las de la administración Cartes. Sin embargo, el dato que figura en el Anuario de la SENAD (2017, p.3) como cocaína incautada durante los gobiernos Lugo-Franco apenas supera los 4 mil kilos, un 35% menos de lo recogido en los anteriores documentos.
Así las cosas, a modo de prueba, tomamos como fuente más creíble el Informe nacional de situación sobre drogas (2018, p. 45), que ofrece un desglose y cantidad de datos mayor que el Anuario, en concreto, la equivalencia entre hectáreas destruidas y toneladas que suponen, la valoración en dólares que realiza y el perjuicio económico causado por cannabis, con un resultado revelador: la diferencia entre un período temporal y otro es mucho menor que el enunciado por el expresidente Cartes.
Una declaración del actual presidente
Al hilo de la anterior declaración del expresidente Horacio Cartes quería analizar también unas declaraciones del actual mandatario, Mario Abdo, sobre el mismo asunto:
“En 10 meses hicimos más incautaciones contra el narcotráfico que en los últimos 10 años, y nos quedamos con patrimonio del crimen organizado” FALAZ
La SENAD tenía publicado un cuadro comparativo, al menos, hasta el mes de julio de 2019, el mes posterior a la declaración del presidente; luego dicho cuadro desapareció, pero afortunadamente guardamos prueba del documento gráfico:
Fuente: SENAD
Como se puede observar en la tabla, los kilogramos incautados de marihuana ascendieron en el año 2018 a casi un millón 21 mil kilos, siendo que en el 2017 la cantidad rondaba el millón 75 mil kilos. Respecto a la cocaína, lo mismo: casi el doble de incautaciones más en 2017 que en 2018 y el cuádruple en 2012, p.ej. Con el crack ocurre lo mismo, más incautaciones en años anteriores al 2018, el de toma de posesión del máximo mandatario. Además del cuadro desaparecido de la web, en el Anuario de la SENAD del año 2019 (p.3) aparecen más de 4 mil kilos de cocaína incautada, pero respecto a la marihuana no discrimina cultivos destruidos e incautaciones, algo básico para poder realizar una comparativa. Para hacernos una idea, para superar ya no los 10 años anteriores, sino solo la cantidad del 2017, el último completo del expresidente Cartes, en 6 meses del año 2019 las incautaciones de marihuana, p. ej., tendrían que haber ascendido, al menos, a más de 10 toneladas (10 veces más)… lo cual no es verosímil, pese a que haya noticias informando de que en 2019 se duplicó la incautación de Marihuana (Radio Ñandutí, 3 de abril de 2019).
La afirmación podría ser cierta si el presidente se refiriera al número de incautaciones, lo que resultaría engañoso, pues sería darle más valor a, pongamos por ejemplo, 10 incautaciones de 1 kg, que 1 sola incautación de 500 kg… No parece plausible que el presidente sea tan torticero. Además el presidente habla de incautaciones, que, en sentido estricto, no incluye la destrucción de campos de marihuana.
Además, esta afirmación la contradicen las propias informaciones oficiales del Ministro de la SENAD apenas un mes antes estas declaraciones del presidente que hablan de que el ritmo de las incautaciones distaba mucho de ser alabado (Noticias PY, 24 de mayo de 2019).
Verificación del discurso público de los medios de comunicación del país
En los meses posteriores al discurso presidencial analizado no encontré, con los medios disponibles, una verificación sistemática de datos del discurso presidencial del 2017 ni del 2018. Apenas comentarios sobre el discurso puntualizando lo que no dijo el presidente, comentarios disfrazados de análisis más centrados en previsiones que en cifras concretas o puntualizaciones al discurso por parte de otros responsables políticos.
Respecto a declaraciones aisladas que contienen datos llamativos por su contundencia analicé también el tratamiento dado por los tres grandes periódicos de nuestro país a unas declaraciones sobre la pobreza del expresidente Horacio Cartes durante un evento internacional, en sendas noticias del 16 de noviembre de 2017. La Nación titulaba así: “Cartes destaca ante la OCDE reducción del 50% de la pobreza en Paraguay”. El periódico del grupo de medios cercanos al exmandatario añade en el cuerpo de la escueta nota que la pobreza total se redujo “también” en más del 50% y citando el intervalo temporal de referencia (“los últimos 14 años”), de lo que se deduce que el titular se refiere a la pobreza extrema, pero no precisa la fuente de la aseveración en la que se basó el presidente.
En el ABC Color se destacó así: “Cartes: pobreza se redujo y hay trasparencia”, matizando en el copete que hablan de pobreza extrema y el intervalo temporal de referencia (“los últimos 5 años”). Además, en el cuerpo de la nota dan el dato que manifestó el mandatario sobre la pobreza total, concretando también el intervalo temporal, pero tampoco hacen mención a fuentes que permitan cotejar la afirmación presidencial.
El diario Última Hora resaltó que “Cartes asegura que redujo la pobreza en un 50%”, concretando en el copete que la afirmación se refiere a pobreza extrema, y precisando en el cuerpo de la nota que el presidente también habló de un 50% de reducción de pobreza general, indicando también los intervalos temporales en un caso y otro. A modo de contextualización el diario cita datos de la Dirección general de estadística, encuestas y censos (DGEEC) del año en curso sobre la pobreza en el país en el último año, que indican que aumentó respecto al año anterior.
Como se puede observar, hay distintos niveles en cuanto al tratamiento preciso de la afirmación en los 3 periódicos, solo uno (Última Hora) cita datos relacionados para contextualizar la información, pero ninguno realiza una verdadera verificación de los datos que ofreció el político. Si nos vamos a la fuente primaria (DGEEC, 2018, p. 14) citada por el medio del Grupo Vierci, la pobreza extrema disminuyó en un 22,5% entre 2013 y 2017 (último año del que habría datos -aún parciales- en el momento de realizar las declaraciones) y la reducción en el intervalo 2003-2017 de la pobreza total fue de un 48,65%. Es decir, las afirmaciones del expresidente fueron una de cal y otra arena, veraz y falaz, salvo que equivocara el intervalo temporal, pues si se toma el quinquenio 2011-2015 la reducción de la pobreza extrema fue de un 54%. Claro que, en este caso, parte del mérito recaería en la administración anterior (de hecho, el mayor descenso de la pobreza extrema desde que hay datos se produjo entre 2011 y 2012, con el gobierno Lugo, bajando más de 4 puntos porcentuales).
Efectividad de la Ley de transparencia
De manera indirecta ya hemos venido tratando la respuesta a las demandas de información pública efectuadas para el chequeo de las manifestaciones presidenciales a través de la web de transparencia o acceso a la información pública, pero haremos a continuación un resumen panorámico de las solicitudes.
Realicé una primera consulta multitemática, la 19.748, el 29 de marzo de 2019 sin concretar institución a la que iba dirigida, pues había temas de distintos ámbitos competenciales, redirigiéndola el 2 de abril la Dirección de Acceso a la información pública del M.º de Justicia, organismo que gestiona el portal de transparencia, a siete organismos distintos y asignando un número correlativo de solicitud, según el siguiente listado:
La solicitud original (19.748) fue respondida por la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados, dependiente del M.º de Justicia el 3 de abril de 2019 mediante un PDF que daba respuesta a lo que pedí, el “presupuesto ejecutado de la Secretaría del refugiado años 2014, 2015, 2016 y 2017”.
La solicitud 19.818, reenviada a la DINAPI, sobre el “número de intervenciones DINAPI contra la piratería de agosto de 2013 a diciembre de 2016”, no fue contestada nunca.
La 19.820, reenviada al M.º de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, sobre “rendición de cuentas SENAVITAT años 2008-2012”, fue contestada el 16 de septiembre de 2020, casi año y medio después de la consulta, mediante una nota en la web de transparencia que pedía disculpas por la falta de contestación, alegando el cambio de administración e indicando que de estar interesado planteara nuevamente la consulta..
La 19.821, reenviada al Ministerio de Desarrollo Social, fue contestada el 25 de abril de 2019 mediante un Word que daba respuesta a la solicitud de “datos de beneficiarios de los programas TEKOPORA, TEKOHA, Y TENONDERA entre los años 2013 y 2017”, a falta del dato de 2013 de uno de los programas.
La 19.822, reenviada al INDERT, fue contestada el 2 de abril de 2019 mediante un enlace a un PDF que informaba sobre lo preguntado acerca de los “datos de adjudicaciones de tierras fiscales por el INDERT entre años 2009-2012 y años 2016-2017” y sobre “recuperación de tierra en tenencia irregular en los últimos 10 años”.
La 19.823, reenviada a la Industria Nacional de cemento, fue contestada el 24 de abril tras una llamada previa de un técnico de dicho organismo que me pidió la concreción de mi solicitud de “rendición de cuentas de la Industria nacional de cemento años 2011-2016”, mediante un PDF con el Informe de gestión de dicho organismo.
La 19.824, reenviada a Petropar, fue contestada el 23 de abril de 2019 mediante un PDF que proveía lo solicitado: “Estados financieros Petropar años 2012-2014”.
La 19.825, reenviada al MOPC, fue contestada el 25 de abril sin dar respuesta a 2 de las 4 cuestiones planteadas, el “número de kilómetros de caminos vecinales a los que se hizo mantenimiento entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017. Gasto de combustible por kilómetro en este intervalo temporal” y la “cantidad total anual en millones de dólares por subsidio pasajes por el MOPC años 2008-2017”, alegando que estaban “aguardando el informe del Viceministerio de Transporte y Dirección de Caminos Vecinales” y solicitando una prórroga. Respecto a las otras dos, la “cantidad total anual en millones de dólares de licitaciones del MOPC años 1997-2017” y la “cantidad total anual en millones de dólares de pagos por obras ejecutadas o en ejecución por el MOPC años 2003-2017” no se proveyeron datos de todos los años solicitados.
El 9 de junio de 2019 realicé 3 nuevas consultas, esta vez individuales y dirigidas al organismo que entendía tenía la competencia en cada caso para poder contestarme:
La 21.930, donde pedía el “informe de gestión, balances o documentos análogo del Ministerio de salud de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016”, matizando que interesaba especialmente “el presupuesto y presupuesto ejecutado de estos años”, fue contestada el 28 de junio de 2019, adjuntando un PDF, dos documentos Word y un archivo Excel. Varios documentos, pero entre los cuales solo se encontraba una diferenciación por partidas presupuestarias de los años 2015 y 2016, no sistemática, por carecer de los anexos anunciados en el índice, con datos, por tanto, insuficientes para contrastar la comparación realizada por el expresidente respecto al mandato anterior.
La 21.931, solicitando el “informe de gestión Ministerio de educación correspondiente al año 2012 y 2016 o documento análogo donde figuraran el presupuesto y presupuesto ejecutado correspondiente al 2012 y al 2016 y el número de programas de capacitación de docentes del año 2016”, fue contestada el 27 de junio, adjuntando un documento de Word donde me indicaban que los presupuestos estaban en su portal, pero sin adjuntar link alguno. No pude encontrar dichos documentos en la web del ministerio, donde solo encontré datos de rendición de cuentas de la Ley de gratuidad referido a la media de los años 2014 y 2015 y presupuesto a 31 de julio de 2020. Además, señalaban que no tenían datos “exactos” de programas de capacitación docente, pero me dieron, sin embargo, un dato “aproximado” de docentes capacitados. La afirmación que intentaba contrastar del expresidente era muy contundente por lo abultado de los datos: “La ley 4088 que declara gratuita y obligatoria la educación media no alcanzó a tener fondos para su ejecución en 2012. En el año 2013 recibió una asignación de 22.000 millones de guaraníes, y para el 2016 ya duplicó esa cifra con 44.000 millones de guaraníes”
La 21.932, pidiendo el “balance de resultados, informe de gestión o documento análogo del programa ‘Mecanización de la agricultura familiar’ de los años 2016 y 2017”, fue contestada por el M.º de Agricultura y Ganadería el 28 de junio, después de contactar conmigo telefónicamente el día antes para preguntarme qué quería exactamente y justificando la demora en las manifestaciones campesinas que tuvieron rodeado el ministerio durante aquellos días, dejando un mensaje en el portal de transparencia en el que decían haber “llegado a un acuerdo de reconsiderar el presente pedido a modo de recabar más información” sobre lo solicitado. Nunca me proporcionaron la información requerida.
Las consultas 19.821, 19.822, 19.823, 19.824 y 19.825 no aparecen en el historial de solicitudes de la web de transparencia.
CONCLUSIÓN
Respecto a la primera pregunta de esta investigación, referida al objetivo general de si nuestros políticos realizan afirmaciones veraces queda claro que no siempre es así, pues aunque en el discurso del expresidente predominan las afirmaciones veraces, el número conjunto de las engañosas y las falaces es superior al de las verdaderas. De aquí la vital importancia de la verificación de datos o fact checking periodístico. Este trabajo exige de una minuciosidad y una dedicación exhaustivas, de modo que el análisis de un discurso con la amplitud del analizado sea complicado de llevar a cabo por una sola persona en un tiempo reducido, como exige el criterio de actualidad, dadas las dificultades de acceso a las fuentes, el análisis de datos y su cotejo con las manifestaciones efectuadas por el personaje público en cuestión.
Por otra parte, el estudio dejó de manifiesto la dificultad de realizar una verificación concienzuda: un buen número de aseveraciones no pudieron ser verificadas. A la falta de datos por la escasez de los mismos en las webs de organismos públicos o su difícil acceso derivado de la deficiente navegabilidad de ciertas páginas, se suma, como analizaremos a continuación, un sistema de acceso a la información pública derivado de nuestra Ley de trasparencia que no es eficaz, porque o no provee de ciertos datos o los provee con un tiempo que excede (a veces ampliamente) el fijado en la Ley. Por otra parte, los políticos mezclan en sus afirmaciones datos con proyecciones y estimaciones, que son imposibles de verificar.
Este estudio demuestra que no solo mandatarios aparentemente excéntricos, como el expresidente de los EE.UU, Donald Trump, afirman lo que se les pasa por la cabeza por inverosímil que resulte o falso que sea. A veces las afirmaciones encierran falsedades más sutiles, omisiones de datos íntimamente relacionados, exageraciones interesadas o falta de contextualización que pueden trasmitir al público un mensaje falaz o engañoso. Muchas veces la veracidad de una afirmación empieza a perderse por términos llamativos o de trazo grueso, habituales en el discurso analizado, como “más del doble”, “récord”, “número uno”, etc. Curiosamente, estas y otras manifestaciones contundentes venían en mayúsculas en el discurso de la web de Radio Ñandutí, lo que nos hace pensar que así habría sido enviado directamente al medio desde presidencia de la República. Homogeneizar la tipografía del discurso también sería labor de los medios, pues la tipografía puede encubrir propaganda o desinformación.
Además, los datos para contrastar tales manifestaciones no esperan al periodista organizados en una anaquel o una base de datos online sino que, como desvela esta investigación, existe una deficiente sistematización de la información en las webs de distintos organismos públicos, unas veces por tener información parcial, solo del año en curso o años recientes, otras por ser la descripción del documento muy vaga o poco reveladora del contenido y en otras ocasiones, como decíamos, por ser webs de difícil usabilidad o navegabilidad, lo que convierte en tarea cuasi detectivesca el encontrar la información demandada. También sería necesario para realizar un concienzudo cotejo de información contar con una hemeroteca (física o digital) en el país con todos los números de todas nuestras publicaciones periódicas o, al menos, las de ámbito nacional.
Así pues, realizar una labor de verificación es fundamental para el ejercicio de control del poder que define al periodismo, pero, como decimos, requiere de una inversión económica que ahora mismo no están haciendo los grandes medios de nuestro país, como apuntábamos en la introducción, pues apenas un par de medios “independientes” se dedican a esta labor. En las carreras universitarias de comunicación debería también haber una asignatura (o, parte de la misma) dedicada a este cometido, en relación con el big data y las fake news fenómenos interrelacionados que marcan tendencia en el periodismo actual y del futuro y que con el apogeo de las redes sociales tienen hoy mucho mayor relevancia de lo que tenían hace apenas 10 años.
Lo que se conoce como periodismo de datos no se aprende de la noche a la mañana, es necesario saber interpretar estadísticas y gráficos, buscar cifras en una balance, diferenciar terminologías y, en este sentido, ha quedado claro también la importancia de una mínima base en economía, pues es en este área donde muchas veces realizan nuestros políticos alegres afirmaciones con el fin de colgarse una medalla. Los pensum de las carreras de comunicación deberían tener también en cuenta este factor.
Con relación a la primera de las preguntas de la investigación referidas a los objetivos específicos, si los medios de nuestro país realizan una verificación regular y exhaustiva de las manifestaciones públicas, la respuesta es no, al menos, los medios principales, quienes serían los capaces de hacerlo de un modo exhaustivo, dado que no encontré, respecto al discurso realizado por el exmandatario Cartes ningún análisis riguroso de los datos expuestos en su alocución que, no lo olvidemos, son utilizados por los dirigentes como propaganda de su buen hacer con fines electoralistas, resultando de este modo, de no ser ciertos los datos expuestos, un engaño al electorado. La labor de control que cumplen los medios en este sentido es, pues, de vital importancia, y deberían dedicarle, lo repetimos nuevamente, más recursos, para que la audiencia comprenda lo que implica la afirmación del político, así como lo que calla relacionado con tal aseveración y permitamos que el público sea crítico, es decir, que saque sus propias conclusiones.
En lo que atañe al segundo objetivo específico, la efectividad de la Ley de trasparencia he podido comprobar que su aplicación práctica dista mucho de ser la esperada. De los 11 reclamos de información realizados a otros tantos organismos gubernamentales, tres no fueron atendidas (una de ellas no alegó ningún motivo de rechazo, la dirigida a la DINAPI, las otras al menos alegaron dificultades para conseguir la información, aunque en el caso de una de ellas con casi año y medio de retraso), dos lo hicieron fuera del plazo legal del artículo 16 de la Ley 5282/14 (15 días hábiles), y otras tres ofrecieron una información parcial o incompleta (caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que indicó se buscara la información en su portal, información que resultó ser inencontrable). Es decir, de las 11 consultas planteadas, solo en 3 casos la respuesta de la administración se podría considerar plenamente satisfactoria: un 27,3% de eficacia, en la línea de la encuesta que mencionábamos en el apartado de resultados de este estudio.
A la falta de idoneidad de las respuestas hay que sumar las falencias observadas durante el proceso de solicitud en el portal de trasparencia, como son que en el historial de solicitudes no aparezcan todas las planteadas (en el historial de consultas en mi perfil solo aparecen 6 de 11), que no haya un procedimiento homogéneo de relacionamiento de la administración con el ciudadano (para la concreción del objeto de mis consultas o la solicitud de extensión del plazo unos organismos me llamaron, otros me escribieron al correo electrónico, otros mediante mensaje en la web…), que no esté clara la figura de la reconsideración de la petición y si se da de oficio o a instancias del interesado (en alguna de las comunicaciones me pidieron tiempo diciendo que se reconsideraba la petición, en otras pidiéndome que reconsiderara yo la petición), apareciendo en la web únicamente el apartado “solicitar actualización”. Además, el sistema indica como solicitud respondida cuando el organismo simplemente contesta algo en la web, bien diciendo que necesitan más tiempo para realizar la averiguación o que la reconsideran, aunque finalmente nunca respondan con información alguna.
Por último, de las contestaciones recibidas a las solicitudes de acceso a la información pública cabría sugerir que el sistema legal necesita modificaciones, pues la redacción de la ley, en concreto su artículo 16 que indica que “si dentro del plazo establecido en el Art. 16 de la Ley 5282, no existe respuesta alguna por parte de la fuente pública requerida, se entenderá que la solicitud fue denegada”, en relación con el artículo 23 de dicha ley que señala que en caso de denegación expresa o tácita el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de reconsideración (que, como decíamos antes, aparte de la confusión sobre el concepto y el titular del derecho a ejercerla, no se ofrece de manera nítida en ningún apartado de la web), podrá, a su elección, acudir ante cualquier Juez, se contradice con la realidad, pues consultas no respondidas efectivamente, es decir, proveyendo información no acorde a lo solicitado, aparecen como respondidas.
Por otra parte, el volumen de solicitudes que hay según datos de la web de transparencia y el porcentaje de contestaciones efectivas parecen hacer inviable el recurso a una demanda judicial usando los servicios del consultorio jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, que es el instrumento legal que se ofrece al ciudadano, dada la tendencia existente a responder cada vez menos, según se aprecia en el apartado de estadísticas de la propia web de transparencia. Parece lógico que a más solicitudes las administraciones se vean más desbordadas y respondan menos y se antoja complicado que el consultorio jurídico de tal institución académica pueda atender todos los casos, de modo que pensamos que poca gente, más allá de profesionales de la información con respaldo económico, estará dispuesta a pagar un abogado para hacer valer su derecho al acceso a la información pública.
Así las cosas, se exige una mayor dotación de medios para los departamentos de transparencia de las distintas dependencias administrativas y poder dar así satisfacción a las demandas de la ciudadanía, así como mayores medios para la administración en general, pues si la información no está debidamente recopilada y sistematizada, mal podrán poner a disposición del pueblo algo que no existe. El Gobierno podrá alegar que, según sus estadísticas, más del 70% de los consultantes se considera satisfecho con la respuesta, pero si analizamos que ese porcentaje corresponde a poco más del 5% de los que solicitaron información, que son los que calificaron las respuestas, veremos que su valor es muy relativo.
BIBLIOGRAFÍA
ABC Color (22 de octubre de 2018) Deuda de US$ 95 millones “sigue viva”, afirman. Recuperado de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/deuda-de-us-95-millones-sigue-viva-afirman-1752045.html
ABC Color (27 de junio de 2012) El Gobierno anunció que pagará la deuda contraída por Gramont Berres. Recuperado de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/el-gobierno-anuncio-que-pagara-la-deuda-contraida-por-gramont-berres-419722.html
ABC Color (12 de febrero de 2016). Conatel otorga licencia de 4G a Tigo y Claro. Recuperado de https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/conatel-otorga-licencia-de-4g-a-tigo-y-claro-1452773.html
ABC Color (16 de noviembre de 2017) Cartes: pobreza de redujo y hay transparencia. Recuperado de https://www.abc.com.py/nacionales/cartes-la-pobreza-se-redujo-en-un-50-1650256.html
ABC Color (19 de noviembre de 2017) Ponen en duda números de la deuda de Yaciretá, que nunca fue auditada. Recuperado de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ponen-en-duda-numeros-de-la-deuda-de-yacyreta-que-nunca-fue-auditada-1651216.html
ABC Color (2 de julio de 2018) Se destroza discurso de HC. Recuperado de https://www.abc.com.py/nacionales/se-destroza-discurso-de-hc-1717882.html
ABC Color (3 de junio 2017) El acuerdo o acta de entendimiento Macri-Cartes del 4 de mayo de 2017. Recuperado de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/el-acuerdo-o-acta-de-entendimiento-macri-cartes-del-4-de-mayo-de-2017-1600328.html
ADN (5 de agosto de 2017) En cuatro años, Senavitat entregó más viviendas que dos gobiernos. Recuperado de http://www.adndigital.com.py/en-cuatro-anos-senavitat-entrego-mas-viviendas-que-dos-gobiernos/
Banco Mundial (s.f.) Crecimiento del PIB (% anual) - Paraguay. [Fichero de datos] Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=PY
Banco Mundial (s.f.) Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) – Paraguay. [Fichero de datos] Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=PY
Banco Mundial (s.f.) PIB (UMN a precios constantes) – Paraguay [Fichero de datos] Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KN?locations=PY
Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) (2016) Informe Nacional De Monitoreo De La Eficiencia Energética De La República Del Paraguay, 2016. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/40288-informe-nacional-monitoreo-la-eficiencia-energetica-la-republica-paraguay-2016
Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) (2017) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/42023-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2017
Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) (2018) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2018. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/43689-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2018
Contadores y Consultores Asociados (CYCA) (2017) Informe de auditoría sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2016. Recuperado de http://www.petropar.gov.py/images/pdfs/2017/Mayo/estados_financieros/AuditoriaExterna.pdf
Contadores y Consultores Asociados (CYCA) (2018) Dictamen de los auditores independientes. Recuperado de http://www.petropar.gov.py/images/pdfs/2018/octubre/Dictamen2017.pdf
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (NASS) (2016) Agricultural Statistics 2016. Recuperado de https://www.nass.usda.gov/Publications/Ag_Statistics/2016/Complete%20Ag%20Stats%202016.pdf
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) (2015) Anuario estadístico del Paraguay 2013. Recuperado de https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/anuario2013/Anuario%20Estadistico%202013.pdf
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) (2005) Anuario estadístico del Paraguay 2003. Recuperado de https://www.dgeec.gov.py/publication-single.php?codec=Nzc=
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) (2018) Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Principales resultados de pobreza y distribución del ingreso. Recuperado de https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/pobreza/Boletin%20de%20pobreza%202017.pdf
El Mundo (2 de julio de 2014) Paraguay admite que 30.000 kilómetros de sus carreteras son intransitables. Recuperado de https://www.elmundo.es/internacional/2014/07/02/53b4346822601dcd3b8b4589.html
Franceschelli, Inés (s.f) Bajo el manto de la modernidad, se oculta mejor el histórico despojo. Ed. Base investigaciones sociales. Recuperado de https://www.baseis.org.py/con-su-proyecto-sirt-el-estado-paraguayo-regulariza-a-propietarios-irregulares-de-tierra/
Hoy (4 de mayo de 2017) Extitular de EBY: Paraguay debe “cero”, pero hay que dar cierre a discusión. Recuperado de https://www.hoy.com.py/nacionales/extitular-de-eby-paraguay-debe-cero-pero-hay-que-dar-cierre-a-discusion
Industria Nacional de Cemento (INC) (2018) Informe de gestión 2013-2018. Documento no publicado.
Instituto de Previsión Social (IPS) (2013) Informe de gestión 2012. Recuperado de https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1509641596.pdf
Instituto de Previsión Social (IPS) (2015) Balance anual de gestión pública 2014. Recuperado de https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1509642332.pdf
Instituto de Previsión Social (IPS) (2016) Balance anual de gestión pública 2015. Recuperado de https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1509642460.pdf
Instituto de Previsión Social (IPS) (2017) Balance anual de gestión pública 2016. Recuperado de https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1509642674.pdf
Instituto de Previsión Social (IPS) (s.f.) Anuario Estadístico Institucional IPS 2016. Recuperado dehttps://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1513090445.pdf
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) (s.f.) Desarrollo rural integral 2013-2017. Recuperado de http://www.indert.gov.py/indert/indert2018.pdf
Iturburu, Mónica (2014) Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Paraguay. Ed. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Recuperado de https://publications.iadb.org/es/publicacion/13807/diagnostico-institucional-del-servicio-civil-en-america-latina-paraguay
La Nación (16 de noviembre de 2017) Cartes destaca ante la OCDE reducción del 50% de la pobreza en Paraguay. Recuperado de https://www.lanacion.com.py/destacado/2017/11/16/presidente-cartes-destaca-ante-la-ocde-reduccion-del-50-de-la-pobreza-en-paraguay/
Ministerio de Hacienda (s.f) Visualización de nómina de funcionarios [Fichero de datos] Recuperado de https://datos.hacienda.gov.py/visualizacion/nomina
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (2019) Memorándum DTPC 126/2019 sobre licitaciones.. Documento no publicado.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (s.f.) Listado de ejecución presupuestaria 2013-2018. Documento no publicado.
Ministerio de Salud de Argentina (3 de mayo de 2017) Ministerio de Salud entregó diez ambulancias de terapia intensiva y traslado a Tucumán. Recuperado de http://www.saludmental.msal.gov.ar/prensa/index.php?option=com_content&view=article&id=3407:ministerio-de-salud-entrego-diez-ambulancias-de-terapia-intensiva-y-traslado-a-tucuman&catid=6:destacados-slide3407
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (s.f.) Ejecución presupuestaria años 2009-2012 y 2014-2016. Documento no publicado.
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) (s.f) Resultados de satisfacción de las respuestas recibidas por los ciudadanos a Septiembre 2016 [Fichero de datos] Recuperado de https://www.datos.gov.py/dataset/satisfacci%C3%B3n-ciudadana-respuestas-de-solicitudes-de-acceso-la-informaci%C3%B3n
Naciones Unidas (2014) World Drug Report 2014. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf
Naciones Unidas (2020) World Drug Report 2020. 3. Drug Supply. Recuperado de https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_Booklet_3.pdf
Noticias PY (24 de mayo de 2019) Daño a narcos por incautación de drogas es ínfimo, reconoce ministro. Recuperado de https://www.paraguay.com/nacionales/dano-a-narcos-por-incautacion-de-drogas-es-infimo-reconoce-ministro-188931
Observatorio Paraguayo de Drogas (2018) Informe Nacional Situación de Drogas en Paraguay 2017. Recuperado de http://www.senad.gov.py/pagina/68-publicaciones-institucionales.html
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2016) Perspectivas económicas de América Latina 2017. Juventud, competencias y emprendimiento. Recuperado de https://www.oecd.org/innovation/perspectivas-economicas-de-america-latina-20725183.htm
Petróleo América (14 de mayo de 2017). Ranking del costo de la gasolina en Latinoamérica. Recuperado de http://www.petroleoamerica.com/2017/05/ranking-del-costo-de-la-gasolina-en.html
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) (2014) Estados Financieros. Documento no publicado.
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) (2015) Estados Financieros. Documento no publicado.
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) (2017) Estados Financieros. Recuperado de http://www.petropar.gov.py/images/pdfs/2017/Mayo/estados_financieros/Estados_Financieros.pdf
Portal unificado de información pública/ Portal unificado de transparencia activa (s.f.) Resumen de solicitudes [Fichero de datos] Recuperado de https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/tortas
Portal unificado de información pública/ Portal unificado de transparencia activa (s.f.) Reporte de calificación de satisfacción ciudadana [Fichero de datos] Recuperado de https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/satisfaccion
Radio Ñandutí (1 de julio de 2017) El informe completo de Horacio Cartes. Recuperado de http://www.nanduti.com.py/2017/07/01/informe-completo-horacio-cartes/
Radio Ñandutí (1 de julio de 2018) Informe de gestión de Cartes: “Cumplí mi promesa de entregar un mejor país”. Recuperado de http://www.nanduti.com.py/2018/07/01/informe-gestion-cartes-cumpli-promesa-entregar-mejor-pais/
Radio Ñandutí (3 de abril de 2019) Senad duplica incautación de marihuana en relación al primer trimestre del 2018. Recuperado de http://www.nanduti.com.py/2019/04/03/senad-duplica-incautacion-marihuana-relacion-al-primer-trimestre-del-2018/
Radio Ñandutí (4 de agosto de 2017) El veto al subsidio: Camilo y William analizaron el discurso de Horacio Cartes. Recuperado de http://www.nanduti.com.py/2017/08/04/veto-al-subsidio-camilo-william-analizaron-discurso-horacio-cartes/
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados (s.f.) Informe de ejecución presupuestaria 2014-2018. Documento no publicado.
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) (2017) Anuario 2017. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1qV97Gx5wYhtDGok3ouiMjWTiaIs39eYQ/view
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) (2019) Anuario 2019. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1NHiuvgmCDX_QHTSMZqBhrIYjNmvNeClV/view
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) (2018) Rendición de cuentas Gobierno Horacio Cartes 2013-2018. Recuperado de https://www.muvh.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2018/07/Informe-de-Gesti%C3%B3n-SENAVITAT-Borrador-Actualizado-a-Mayo-2018.pdf
Shcwab, Klaus (ed.) (2017) The Global Competitiveness Report 2017–2018, Ed. World Economic Forum. Recuperado de https://es.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
Standard & Poor’s (S & P) (2016) Tendencias de calificaciones soberanas de América Latina y el Caribe – 2016. Recuperado de https://www.spratings.com/documents/20184/1491346/GOV_SOV_Jan18_2016_TendenciascalificacionesAmericaLatinaCaribe/0bede786-aa7c-4ac7-b0cf-aa156a01e9fa
Standard & Poor’s (S & P) (2017) Tendencias de calificaciones soberanas de América Latina y el Caribe – 2017 . Recuperado de https://www.spratings.com//documents/20184/1491346/GOV_SOV_Enero10_2017_TendenciasdecalificacionessoberanasdeAmericaLatinayelCaribe2017/035812b0-55c8-463d-b9a8-53de1b7c4b4b
Subsecretaría de Estado de economía (2020) Evolución crediticia del Paraguay. Recuperado de https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-politica-de-endeudamiento/calificacion-pais/evolucion-crediticia-del-paraguay
Última Hora (10 de agosto de 2020) “Casos de tierras malhabidas no deberían de prescribir”. Recuperado de https://www.ultimahora.com/casos-tierras-malhabidas-no-deberian-prescribir-n2899231.html
Última Hora (13 de febrero de 2016) Conatel ya recibió los USD 90 millones de Tigo y Claro y da vía libre para el 4G. Recuperado de https://www.ultimahora.com/conatel-ya-recibio-los-usd-90-millones-tigo-y-claro-y-da-via-libre-el-4g-n966857.html
Última Hora (16 de noviembre de 2017) Cartes asegura que redujo la pobreza en un 50%. Recuperado de https://www.ultimahora.com/cartes-asegura-que-redujo-la-pobreza-un-50-n1119384.html
Última Hora (20 de agosto de 2017) La herencia de Cartes. Recuperado de https://www.ultimahora.com/la-herencia-cartes-n1103102.html
Última Hora (22 de julio de 2019) Presidente destacó lucha contra narcos y renovación judicial. Recuperado de https://www.ultimahora.com/presidente-destaco-lucha-contra-narcos-y-renovacion-judicial-n2827177.html
Última Hora (6 de noviembre de 2017) Paraguay es el segundo país que más usa software pirata en LA. Recuperado de https://www.ultimahora.com/paraguay-es-el-segundo-pais-que-mas-usa-software-pirata-la-n1117474.html
Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC) (2013) Aprovechamiento de la Energía Hidroeléctrica del Paraguay para el Desarrollo Económico sustentable. Recuperado de http://ccsi.columbia.edu/files/2013/11/VCC-Aprovechamiento-de-la-Energ%C3%ADa-Hidroel%C3%A9ctrica-del-Paraguay-para-el-Desarrollo-Econ%C3%B3mico-sustentable-1.pdf
